Legalidad en el fútbol: presente y futuro
Este artículo ha sido revisado en profundidad para garantizar que la información presentada sea lo más precisa posible, cumpla con nuestros estándares de calidad y presente datos respaldados por fuentes confiables, reflejadas en la bibliografía y los enlaces dentro del texto.
La legalidad en el fútbol es un tema complejo, y no son pocos los que entran en polémicas al abordarlo. Es posible interpretarlo a partir de diferentes perspectivas, pero sí parece ser evidente que la legalidad en cualquier deporte moderno va mucho más allá del cumplimiento de las reglas del juego.
Principio de legalidad en el fútbol: ¿qué tan aplicable es?
El principio de la legalidad, conocido también como primacía de la ley, es un principio fundamental que determina que el ejercicio del poder público siempre debe orientarse y limitarse por la legislación vigente y su jurisprudencia y no por la voluntad o beneficio de una persona o un grupo de personas.
En el ámbito de la seguridad jurídica, por ejemplo, es un concepto fundamental para que todos los poderes políticos actúen en armonía y regidos por la ley. Se trataría de evitar el libre albedrío de un gobernante o de algunas autoridades.
La cuestión de esta legalidad en el fútbol es un poco más compleja, debido a que el deporte en general siempre se ha movido en una esfera legal y jurídica particular. A lo largo de la historia, ha tenido sus propias normativas y reglamentos sobre las competencias y límites de acción de los diferentes protagonistas del ámbito deportivo.
Lógicamente, los reglamentos deportivos no deberían infringir o contradecir la legislación vigente en un país. Por ejemplo, teóricamente las normativas de la RFEF no deberían permitir algo que es prohibido expresamente por un Real Decreto, especialmente en lo que dice respecto al derecho público.
Asimismo, la Justicia deportiva es una parte muy especial dentro del derecho y de las estructuras jurídicas en España y el mundo. En la práctica, los contratos, las operaciones financieras y los procesos administrativos en el fútbol responden mucho más directamente al reglamento de la FIFA y de la RFEF que a las leyes españolas o a las normativas autonómicas.
Legalidad en el fútbol, transparencia y delitos de corrupción: el polémico caso de los TPO
A medida que este deporte se reafirma como un suelo fértil para los negocios millonarios, la falta de transparencia en muchas operaciones parece convertirse en uno de las asignaturas pendientes cuando se habla de legalidad en el fútbol.
Principalmente, la cuestión exige un control, porque el ‘va y viene’ de jugadores entre clubes europeos bajo cantidades cada vez más exorbitantes se ha vuelto imposible de ignorar.
La creciente demanda de la sociedad por mayor transparencia viene ‘empujando’ la toma de decisiones de la FIFA. A menudo esta entidad se ve obligada a establecer nuevos parámetros y normativas para la lucha contra los delitos de corrupción deportiva en el ámbito futbolístico.
Un claro ejemplo ha sido la prohibición por parte de la FIFA de los fondos comunes de inversión externa en el fútbol, más conocimos como TPO (siglas en inglés para Third Party Ownership). Hasta fines de 2014, estos movimientos financieros estaban perfectamente habilitados en el ámbito futbolístico.
No obstante, el cúmulo de sospechas de desvíos con gran proyección mediática ha evidenciado muchas prácticas comunes en el fútbol. Es el caso de los traspasos millonarios de jugadores juveniles, que resultaban poco claros y podrían ‘encubrir’ delitos contra la Hacienda, evasión a paraísos fiscales, blanqueo de capitales, etc.
Legalidad y mercado: transparencia e intereses económicos
Tras el posicionamiento de la FIFA y de la UEFA a favor de la supresión total de los TPO en el fútbol, la RFEF ha decidido modificar su Código Disciplinario y Reglamento General para ratificar esta decisión en el ámbito del fútbol español.
Sin embargo, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha salido a defender la legalidad de estas inversiones externas, decidiendo formalizar una denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
Poco tiempo después, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se sumó a la posición de la LFP, afirmando que la supresión de los TPO sería perjudicial para los clubes y los futbolistas, además de impactar negativamente en la competitividad dentro de este deporte.
Si el principio de legalidad empezara a aplicarse en el fútbol, los intereses económicos de un grupo de personas ya no podrían imponerse ante la lucha legítima contra delitos de corrupción y desvíos fiscales, que lógicamente son condenados por las leyes. Sin dudas, es un tema que despierta muchos debates en todo el mundo.
Te podría interesar...
